El lunes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte dijo que se encontraron los cuerpos de 13 trabajadores en una mina de oro en un pozo subterráneo operado por la mayor empresa minera del país, en una región en la que en los últimos años han aumentado los conflictos por el acceso al mineral.
A medida que el precio del oro ha alcanzado máximos históricos, la minería a pequeña escala se ha expandido en Perú, mientras que las concesiones mineras de la empresa peruana La Poderosa, en la provincia de Pataz, al norte del país, se han convertido en un hervidero de minería ilegal de oro y en el escenario de enfrentamientos mortales.
Los cuerpos fueron encontrados el domingo, según Boluarte. Los hombres trabajaban para una explotación minera artesanal o informal que tiene un contrato con La Poderosa, dijo la empresa en un comunicado el domingo.
Un video que circula por las redes sociales parece mostrar a los hombres, con los ojos vendados y desnudos en un pozo minero, recibiendo uno a uno disparos de rifle en el cuello. Se oye a una persona suplicar: “Por favor”. Un representante de la policía nacional dijo a The New York Times que las autoridades no habían verificado la autenticidad del video.
No quedó claro de inmediato por qué mataron a los 13 hombres. La Poderosa dijo en su declaración que delincuentes armados habían atacado la explotación minera y secuestrado a los trabajadores el 26 de abril.
Boluarte dijo que se había detenido en Pataz a dos personas presuntamente relacionadas con los asesinatos, con armas, cargadores y munición.
El propietario de la explotación minera artesanal que contrató a los trabajadores, Segundo Nicolás Cueva Rojas, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios por teléfono y correo electrónico.
Antes de que se encontraran los cuerpos, algunos familiares de los trabajadores se habían quejado a los medios de comunicación locales de que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente para encontrar a sus seres queridos.
“Pedimos justicia”, dijo Abraham Domínguez, padre de una víctima, Deyter Domínguez, de 29 años, al programa de radio local “Exitosa”. “Esto no puede quedar impune. No es un animal al que lo mataron, son seres humanos”.
Dijo a The New York Times que su hijo “quería prosperar, ser alguien en la vida”. Y añadió: “Tenía un fuerte deseo y voluntad de seguir adelante, pero ya no está”.
También dijo que no había sido la policía quien había encontrado los cuerpos, sino las patrullas de autodefensa conocidas como “ronderos”, que operan en zonas de la sierra.
Perú es el segundo productor de oro de América Latina, después de México, y el décimo productor mundial, junto con Indonesia, según datos de 2024 del Servicio Geológico de Estados Unidos. Perú lleva mucho tiempo luchando para restringir la minería ilegal de oro, sobre todo en las remotas regiones amazónicas, donde las minas perforadas en tierras cuya productividad se desconoce han destruido decenas de miles de hectáreas de selva tropical y vertido mercurio a los ríos.
Durante los confinamientos pandémicos, los delincuentes se hicieron con el control de pozos mineros vacíos explotados por mineros artesanales autorizados en La Poderosa, lo que provocó batallas mortales por el acceso a los túneles y al oro producido en su interior.
Parte del problema, según los expertos, es que Perú permite que los mineros artesanales que se registran en el gobierno estén exentos de los desalojos policiales, así como de las leyes laborales, medioambientales y fiscales, lo que proporciona una tapadera legal a los mineros ilegales que operan en zonas prohibidas o sin el permiso de los titulares de las concesiones.
En su declaración, La Poderosa culpó en parte al Congreso de Perú de la espiral de violencia, afirmando que había ampliado el plazo en el que los mineros informales deben legalizar plenamente sus operaciones, y culpó al gobierno de no eliminar de su lista a los mineros no autorizados.
“Pataz se ha convertido en un territorio sin ley donde la violencia campa a sus anchas, segando vidas, sembrando el terror y subyugando voluntades”, decía el comunicado. “No será posible derrotar a la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales”.
En diciembre de 2023, nueve personas murieron en una emboscada minera perpetrada por delincuentes, y en octubre del año pasado, las autoridades encontraron 16 cadáveres en una fosa común de un pozo minero.
El sábado, mientras las autoridades buscaban a los hombres desaparecidos, la policía rescató a 50 trabajadores de otra empresa minera peruana, Caravelí, que habían sido tomados como rehenes en la planta de procesamiento de oro de la empresa en otra parte de la provincia de Pataz, según la agencia de noticias estatal de Perú. Ocho personas resultaron heridas en un tiroteo entre la policía y hombres armados.
En respuesta a la última masacre, Boluarte suspendió la actividad minera en la zona de Pataz durante 30 días e instó al ejército a restablecer el orden. El lunes, anunció un toque de queda de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. en el distrito de Pataz, y dijo que las autoridades instalarían allí una base militar.
El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, dijo que el estado de excepción vigente en la provincia desde hacía un año había sido “inútil”, e instó al gobierno a mejorar las operaciones de inteligencia para detener a los criminales que estaban detrás de la violencia.
“Nosotros le aportamos todo al país, le damos todo el oro”, dijo Mariño el domingo en un canal de televisión local. “La provincia de Pataz está ensangrentada”.
